Legislación de accesibilidad en Luxemburgo: ámbito y sanciones

Luxemburgo regula la accesibilidad digital mediante la Ley de 8 de marzo de 2023 relativa a los requisitos de accesibilidad aplicables a los productos y servicios. La normativa la administra la Oficina de Vigilancia de la Accesibilidad de los Productos y Servicios (OSAPS) y se aplica desde junio de 2025.

Ámbito de aplicación

El ámbito de esta ley abarca una amplia gama de sistemas digitales y de hardware, concretamente:

• Hardware informático de uso general y sistemas operativos: cubre las funciones de accesibilidad del hardware y el software de propósito general
• Terminales de autoservicio: incluyen terminales de pago, cajeros automáticos, máquinas de billetes y de facturación, y quioscos de información, con exclusión de los integrados en vehículos de transporte
• Terminales de consumo: comprenden los dispositivos de comunicación electrónica, de servicios de medios audiovisuales y de lectura digital

Los servicios sujetos a esta ley son amplios e incluyen:

• Servicios de comunicaciones electrónicas: excluyen los servicios de máquina a máquina
• Servicios de acceso a medios audiovisuales: garantizan la usabilidad para públicos diversos
• Servicios de transporte de viajeros: cubren webs, servicios móviles, billetaje electrónico e información de viaje en tiempo real para pantallas interactivas y terminales situados en la UE
• Servicios bancarios para consumidores: exigen soluciones de banca digital accesibles
• Libros digitales y software asociado: imponen la inclusividad en la edición digital
• Comercio electrónico: favorece experiencias de compra en línea accesibles

Además, la ley regula la atención de emergencias, en particular el número único europeo de emergencia «112» y otros servicios nacionales de emergencia.

Excepciones

Aunque la ley cubre una amplia gama de contenidos y servicios, existen excepciones destacadas:

• Medios pregrabados y formatos de archivo de oficina publicados: solo se aplica a los alojados en webs y aplicaciones móviles
• Mapas de navegación: quedan excluidos salvo que se faciliten en formatos digitales accesibles
• Contenidos de terceros: se exime el contenido que no esté financiado, desarrollado ni controlado por el operador económico de que se trate
• Contenido archivado: se excluyen los archivos con material no editado anterior a la entrada en vigor de la ley

Exclusiones adicionales:

• Derechos de autor y derechos afines: la ley no prevalece sobre las protecciones de la Ley modificada de 18 de abril de 2001 ni del Reglamento (UE) 2017/1563, que regulan el intercambio transfronterizo de formatos accesibles para personas con discapacidad visual
• Procedimientos de contratación: se excluyen la ejecución y las sanciones relativas a la contratación pública, regidas por la ley modificada de 8 de abril de 2018

Multas y sanciones

El cumplimiento de esta normativa se asegura mediante una serie de medidas concebidas para garantizar su observancia.

• Los operadores económicos que no atiendan las solicitudes de documentación, obstruyan la vigilancia del mercado o ignoren las decisiones de conformidad se enfrentan a multas administrativas de 250 € a 15.000 €.
• Las sanciones penales se aplican a las infracciones más graves de determinados artículos, con multas de 251 € a 500.000 €, según la gravedad del hecho, el número de unidades no conformes y las personas afectadas.
• En caso de reincidencia, las sanciones aumentan de forma notable, con multas de 500.000 € a 1.000.000 €. Las condenas dictadas en otros Estados miembros de la UE se tienen en cuenta para apreciar la reincidencia.
• La OSAPS exige a los operadores que adopten medidas correctoras en un plazo determinado; de no hacerlo, el producto en cuestión puede ser retirado del mercado.
• Los tribunales también están facultados para ordenar la confiscación y destrucción de los objetos empleados en la infracción y para decomisar las ganancias ilícitas obtenidas del incumplimiento.

En conjunto, estas medidas buscan mantener una supervisión estricta y una responsabilidad efectiva.

Información

Luxemburgo sigue el mandato europeo de declaración de accesibilidad para webs y servicios digitales del sector público. Estas declaraciones son esenciales para preservar la transparencia y la responsabilidad.

La declaración debe estar a disposición del público en la web de la organización y debe:

• Ofrecer información clara sobre el estado de accesibilidad de los servicios digitales: si cumplen las normas exigidas, o un resumen de los problemas de accesibilidad existentes.
• Detallar las medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad, incluidos los trabajos en curso o los planes de corrección.
• Especificar cómo pueden los usuarios comunicar problemas de accesibilidad y solicitar ayuda.

En conjunto, esto mantiene a las organizaciones responsables y transparentes en su compromiso con experiencias digitales accesibles.

Reclamaciones

Quien encuentre barreras de accesibilidad o desee presentar una reclamación por incumplimiento puede dirigirse a la autoridad competente, la Oficina de Vigilancia de la Accesibilidad de los Productos y Servicios (OSAPS):

• Correo electrónico: signal@osaps.etat.lu
• Web: accessibilite-produits-services.public.lu

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Cumplir los requisitos luxemburgueses exige dos cosas: pruebas de que tus productos y servicios son conformes y una declaración de accesibilidad publicada que resista el escrutinio.

QualiBooth analiza de forma continua frente a los criterios de conformidad de WCAG, para que una barrera nunca permanezca el tiempo suficiente como para desencadenar una orden de medidas correctoras, y las auditorías manuales realizadas por personas con discapacidad cubren lo que la automatización no alcanza. Cuando llega el momento de publicar, nuestro generador de declaraciones de accesibilidad produce una declaración con el estado de accesibilidad, los planes de corrección y la vía de contacto que exige la ley.

Para obtener la información más reciente y precisa sobre los requisitos de accesibilidad digital en Luxemburgo, consulta la documentación oficial publicada por el Gobierno de Luxemburgo.